CONSUMOS DE
DROGAS: LA ATENCIÓN DESDE UN MODELO DE ABORDAJE INTEGRAL Y COMUNITARIO
ILLEGAL DRUG CONSUMPTION: HEALTH CARE CONCEIVED AS
MODEL OF INTEGRAL AND COMMUNITY APPROACH
Silvana
Garbi1
1 Socióloga. Doctora en Ciencias Sociales por la UBA. Becaria
posdoctoral de Conicet. Integrante de Surcos A.C.
CONTACTO PARA CORRESPONDENCIA
Correo
electrónico: silvanagarbi@proyectosurcos.org
La autora manifiesta no poseer conflictos de
intereses.
Resumen
Este artículo tiene como objetivo presentar los
lineamientos del modelo de abordaje integral comunitario para la atención del
consumo de drogas que retoma y profundiza el paradigma que se ha iniciado desde
las ciencias sociales, la salud colectiva, la medicina social y la promoción de
la salud, enfatizando el eje de trabajo en la dimensión comunitaria. Será parte
de este artículo establecer las diferencias con el modelo médico hegemónico
para, lejos de centrar la mirada en las sustancias o en los sujetos, buscar
relacionar los aspectos de la salud con dimensiones estructurales y
experiencias subjetivas diversas y multideterminadas. También se presentará el
marco normativo en relación con la atención de los consumos haciendo hincapié
en los factores facilitadores y los obstáculos para su efectiva implementación.
Por último, se destacan los ejes del modelo de abordaje integral territorial y
sus principales aspectos vinculados a la atención de los consumos desde una
perspectiva comunitaria.
Palabras clave. Abuso de drogas,
participación comunitaria, vulnerabilidad social.
Abstract
This article aims at
presenting the general outline of the comprehensive community approach for drug
consumption care, which resumes and goes deeper into the paradigm already
initiated in social sciences, collective health, social medicine, and health promotion,
stressing the work on the community dimension. This article tries to establish
the differences with the hegemonic medical model in order to, far from focusing
on substances or consumers, connect health-related aspects with structural
dimensions and with multifactorial and diverse subjective experiences. It also
presents the regulatory framework in relation to consumers care, focusing on
factors enabling consumers to effectively implement it, or conversely,
hampering its implementation. Last but not least, the article will highlight
the axis of the territorial comprehensive approach and its main aspects
connected to drug consumption patients’ care from a community perspective.
Key words. Drug abuse; social vulnerability; community participation.
ARK CAICYT: http://id.caicyt.gov.ar/ark:/s26184311/g4d9nd5na
De qué hablamos cuando hablamos de
consumos de drogas
Como
sabemos, el uso de lo que hoy llamamos drogas es una práctica extendida
en numerosas sociedades, y así lo ha sido históricamente. Fue corriente el uso
de cannabis con propósitos terapéuticos en disímiles y remotas culturas (p.
ej., China, India, Egipto). También se sabe de su empleo en ceremonias
religiosas; los egipcios utilizaron el opio con fines medicinales; las hojas de
coca se usaron en Perú para ceremonias religiosas (1).
Utilizadas para estimularse, sedarse, paliar el dolor, experimentar sensaciones
placenteras, alterar el estado de ánimo, alucinar, acceder a formas de
conocimiento diferentes a las habituales, etc., diferentes sustancias fueron
utilizadas desde siempre por varias culturas y sociedades humanas. Así lo
evidenciaron autores como Oriol Romaní (2) y Eduardo
Menéndez (3), pero también la Organización Mundial de la
Salud (OMS). No era precisamente entendido como algo degradante y menos como
una enfermedad.
En
las sociedades occidentales, recién a partir del siglo XX la toxicomanía es
construida como un “problema social” del cual los poderes públicos deben
ocuparse.
Sin
embargo, las primeras sanciones sobre las sustancias psicoactivas estaban
emparentadas a identificar su consumo con cuestiones ajenas a criterios médicos
o jurídicos: el consumo se asociaba al vicio o la degradación moral (4), incluso a una desviación (5). Como
plantea Peele (6), originalmente, el proceso de punición,
que lenta pero constantemente fue incorporándose a las legislaciones de todo el
mundo, no se fundamentó en criterios médico-psiquiátricos sino en juicios y
prejuicios morales que identificaban la droga con lo más peligroso.
De acuerdo con
algunos autores, el consumo de drogas aparece como problema cuando su consumo
comienza a representar un peligro y una fascinación (7,8). Dirán que representará un peligro en el sentido de que se
encuentra por fuera de toda regulación y/o control, y una fascinación, porque
permite incorporar valores y estilos de vida alternativos a los que la sociedad
propone.
Así,
tanto desde la medicina como desde el derecho, comienzan a esbozarse
determinados discursos e intervenciones en cuanto al uso de drogas, cuya
función fue tratar el nuevo problema: desde la medicina y los saberes psi a
través de tratamientos en general centrados en la persona y la sustancia, y
desde el derecho, a través de legislaciones, algunas de ellas con una lógica
punitiva, como la Ley 23.737, que penaliza la tenencia para consumo personal y
establece un tratamiento como parte de la pena, y la Ley de Salud Mental, que,
por el contrario, supuso un cambio de paradigma en el tratamiento de la
temática.
Pensar las drogas
desde una perspectiva relacional
Es
habitual oír que el problema de las drogas es la sustancia: “la droga te
atrapa”; “si consumís marihuana empezás una carrera adictiva”; “la droga te
hace robar”. También se oye poner el énfasis en que la persona que consume “es
un adicto/a”; “su personalidad lo predispone al consumo”. Sin embargo,
centrarse en un solo aspecto lleva a un abordaje parcial y reduccionista que no
da cuenta de la complejidad de la problemática. En los últimos años, distintos
estudios realizados desde las ciencias sociales sugieren considerar una
perspectiva relacional que ponga el foco en la interacción entre tres elementos
que forman parte del fenómeno: las sustancias, los sujetos y el contexto.
Desde
esta perspectiva, se entiende que los sujetos establecen distintos tipos de
vínculos con las sustancias, en determinadas condiciones contextuales y que
algunos de ellos son problemáticos y otros no. Pensar esta relación supone, por
ejemplo, cuestionar la relación directa del uso de drogas y el consumo problemático;
también supone no sólo qué consume, cuánto y con qué frecuencia, sino también
con quiénes, dónde, cómo, si sabe/puede regular su consumo, cómo es el contexto
micro y macrosocial de ese consumo, qué significados le da al consumo, si posee
redes de contención u otros mecanismos protectores; si conoce sus derechos; si
posee derechos vulnerados; de qué género y clase social es la persona que
consume; entre otras tantas cuestiones.
En
este sentido, no es lo mismo el consumo denominado ritual en los pueblos
originarios que en contextos de pobreza urbana en el capitalismo contemporáneo,
como tampoco lo es en poblaciones marginalizadas de los países centrales que en
Latinoamérica. Esta definición del consumo de drogas, a diferencia de las
precedentes, comienza a correr el foco del problema a la sustancia en sí: el
consumo no está provocado por el sujeto ni por la sustancia ni por un único
condicionante social, sino que es un fenómeno multidimensional que lleva a
complejizar la mirada acerca de la salud desde una perspectiva integral,
multidisciplinaria, colectiva y en términos relacionales.
Lo
determinante no es entonces el producto, sino la relación con el producto y el
modo de vida en que se inscribe. Así, existen varios modos de consumo, que
comprenden las frecuencias y cantidades, pero también el tipo de compromiso en
el uso de la droga definido por un sistema de relaciones, con sus rituales y
sus sanciones organizadas alrededor de la toma del producto (8).
El
carácter polifacético y complejo del consumo de drogas demanda emplear enfoques
cada vez más inclusivos, y que den cuenta de los múltiples escenarios donde
ocurren esos consumos, lo que requerirá como primer paso deshacerse de prejuicios
y miradas estigmatizantes que permitan adentrarse en la problemática desde una
mirada integral y compleja.
Cuándo un consumo es problemático
Desde
esta perspectiva, una conceptualización de las drogas es la que las define como
un conjunto de sustancias químicas que, al incorporarse al organismo, producen
una variabilidad de efectos complejos relacionados con la sustancia que se
consume, el sujeto consumidor y el contexto en que tienen lugar las prácticas
de consumo (OMS), pero que además:
“[… sus] consecuencias, funciones, efectos y significados son el producto de las efiniciones
sociales, culturales, económicas y políticas
que las diferentes formaciones sociales […] elaboran, negocian y/o disputan en
el marco histórico en el que se sitúan sus prácticas” (9).
A
la vez podemos denominar adicciones a las situaciones en que las
personas sienten que no pueden prescindir de una sustancia o de una actividad
que se consume o se realiza de forma continuada en el tiempo. En el caso de la
dependencia de las drogas, se suele relacionarla con un determinado estilo de
vida y no sólo con un tipo y efecto farmacológico de una sustancia sobre el
individuo. Como vemos también aquí, lo farmacológico tiene un papel importante,
pero no es el único factor causal de la dependencia. A través de una mirada
socioantropológica, Romaní (2) sostiene que la adicción o
toxicomanía es un estado complejo que desarrollan ciertas personas usuarias de
drogas, en el que influyen las propiedades farmacológicas de las sustancias usadas,
el entorno social y las experiencias personales.
En
relación con la dimensión del consumo, en los últimos años se ha acuñado el
concepto de consumos problemáticos, que resulta más específico y
descriptivo porque atiende no ya al objeto de consumo, sino a las situaciones y
conductas de consumo que afectan la salud de las personas y sus relaciones
sociales. Este concepto forma parte de la normativa vigente sobre los consumos.
De hecho, la Ley 26.394, conocida como Plan IACOP1, considera que los consumos problemáticos son
aquellos que –mediando o no sustancia alguna– afectan en forma crónica la salud
física o psíquica del sujeto y/o las relaciones sociales. A la vez entiende que
los consumos problemáticos pueden manifestarse como adicciones a o abusos de
alcohol, tabaco, drogas psicotrópicas –legales o ilegales– o producidos por
ciertas conductas compulsivas de los sujetos hacia el juego, las nuevas
tecnologías, la alimentación, las compras o cualquier otro consumo que sea
diagnosticado como compulsivo por un profesional de la salud.
Esta
definición no sólo corre del foco las sustancias e introduce otros objetos de
consumo, sino que también introduce la noción de que existen consumos
problemáticos y consumos que no son problemáticos. La Ley 26.394 crea asimismo
el Plan IACOP, que en consonancia con la Ley de Salud Mental determina
objetivos de abordaje centrados en la prevención, la asistencia integral y el
amparo de derechos, así como un modelo de abordaje de reducción de riesgos y
daños con anclaje territorial y comunitario.
Respuestas terapéuticas a los consumos
en la Argentina
Las últimas décadas
se han caracterizado por la proliferación de instituciones de salud de diversas
características y modalidades de atención en relación con los usos de drogas.
En términos generales, los tratamientos existentes incluyen terapias del
comportamiento, medicación psiquiátrica o una combinación de ambos. La variedad
de las modalidades de atención comprende desde la atención en guardias de un
hospital general hasta centros de desintoxicación. Desde la modalidad
terapéutica con internación parcial (hospital de día y de noche) y las terapias
ambulatorias hasta prolongadas internaciones en centros especializados en
adicciones (granjas de rehabilitación, comunidades terapéuticas2,
hospitales públicos monovalentes, entre otros).
En
la mayoría de los casos, estos dispositivos trabajan desde el paradigma
abstencionista, que exige la supresión del uso de las drogas como condición de
inicio para cualquier tratamiento, y centran sus terapéuticas en la
modificación de la conducta que llaman adictiva. El abstencionismo fue
prácticamente el único modelo de intervención sociosanitaria hasta fines del
siglo XX, cuando surgieron algunas experiencias basadas en el modelo de
reducción de daños.
El
modelo de reducción de daños se define a partir de la imposibilidad actual,
transitoria o permanente, que tienen algunos usuaries de abandonar las drogas,
reconociendo el derecho del sujeto a continuar con el consumo y la necesidad de
minimizar el daño que este produce en el sujeto y/o en otros (10,11). La reducción de daños surge principalmente como una
estrategia para prevenir la propagación del virus de la inmunodeficiencia
humana (VIH) en usuaries de drogas inyectables, y promueve la adopción de
prácticas de consumo seguras (p. ej., proveyendo jeringas esterilizadas) y la
sustitución de determinadas sustancias por otras menos nocivas para la salud.
El
modelo de abordaje integral territorial adhiere a la reducción de riesgos y
daños, entendiendo que un abordaje integral requiere comenzar por ir
decreciendo las diversas y múltiples vulnerabilidades de los sujetos con un
objetivo potencialmente terapéutico.
En
la Argentina, en los primeros años del siglo XXI, tanto desde dependencias
estatales como desde la sociedad civil, comenzaron a desarrollarse respuestas
alternativas al paradigma abstencionista, que priorizan los abordajes
ambulatorios y localizados en territorios vulnerabilizados por sobre los
tratamientos de internación. De esta manera, el paradigma
prohibicionista-abstencionista, hegemónico durante el siglo XX, dio lugar a
otros enfoques que entienden el abordaje del consumo de drogas como una
cuestión de inclusión social. Este cambio de enfoque ha sido promovido también
por algunos organismos y redes internacionales, como la CICAD, la Red Americana
de Intervención en Situaciones de Sufrimiento Social (Raisss) y la Red
Iberoamericana de oenegés que trabajan en Drogas y Adicciones (RIOD), que
proponen lineamientos para desarrollar un modelo de abordaje comunitario de los
consumos de drogas. Actualmente ambos paradigmas coexisten en la atención de
los consumos. Si bien el abstencionismo sigue siendo el modelo hegemónico en la
atención de los centros de rehabilitación, se ha observado que se
incorporaron algunos aspectos del modelo de reducción de daños en algunos
tratamientos (p. ej., mayor tolerancia en las recaídas).
Del modelo médico hegemónico al modelo
de abordaje integral y comunitario3
Adoptar
la perspectiva relacional y un abordaje integral y territorial de los consumos
implica correrse del paradigma del modelo médico hegemónico (12)
y situarse, en cambio, en un modelo de abordaje centrado en la comunidad.
El
modelo médico hegemónico (MMH) es definido por Menéndez como:
“[…] el conjunto de prácticas, saberes y teorías generados por el
desarrollo de lo que se conoce como medicina científica, el cual desde fines
del siglo XVIII ha ido logrando establecer como subalternas al conjunto de
prácticas, saberes e ideologías teóricas hasta entonces dominantes en los
conjuntos sociales, hasta lograr identificarse como la única forma de atender
la enfermedad legitimada tanto por criterios científicos, como por el Estado” (13).
A
partir de su extenso trabajo de campo en la investigación sobre experiencias de
gestión de la salud pública en América Latina, Menéndez estableció que el MMH
presenta una serie de rasgos estructurales que modelan las relaciones que se
dan al interior de su desarrollo. Los principales son:
“[…] biologismo, individualismo, ahistoricidad, asociabilidad,
mercantilismo, eficacia pragmática, asimetría, autoritarismo, participación
subordinada y pasiva del paciente, exclusión del conocimiento del consumidor,
legitimación jurídica, profesionalización formalizada, identificación con la
racionalidad científica y las tendencias inductivas al consumo médico” (13).
Si
se observan las características del MMH, es dable pensar que una política que
pretenda adoptar una perspectiva relacional en materia de drogas necesariamente
debe situar su intervención desde un modelo que tome en consideración la mirada
médica como una de las variables entre muchas otras. En este sentido, el
modelo de intervención que se adopte debe considerar las características de las
personas, las familias, el medio social, cultural y ambiental, así como los
servicios de salud y la influencia de factores sociales, políticos y
económicos, entre otros.
Asimismo,
dada la complejidad del trabajo en los territorios y la tensión constante entre
lo colectivo y lo singular de cada contexto, la intervención tiene que tomar la
propia comunidad como su pieza fundamental. Lejos de un abordaje biologicista,
individualista, ahistórico y que no tome en consideración el saber de la propia
comunidad, se busca promover una intervención comunitaria en salud realizada
con y desde la comunidad mediante un proceso de participación.
El
abordaje integral en el ámbito de la salud implica un conjunto de acciones
individuales y colectivas que incluyan a todos los sujetos que participan en
los procesos de salud-enfermedad-cuidado. Supone, entonces, llevar adelante
acciones orientadas a promover la salud y reducir riesgos y daños mediante
estrategias específicas tanto para el desarrollo territorial como para cada uno
de los niveles de atención del sistema de salud (primario, secundario y
terciario), de modo que los procesos de salud-enfermedad-cuidado no se limiten
o agoten en los ámbitos clásicos del sistema de salud, sino que sean parte de
la vida cotidiana de los sujetos. De esta manera, se comprende el proceso de
salud-enfermedad-cuidado desde el enfoque de derechos para diseñar estrategias
que consideren la fragilidad social, política y/o jurídica de las personas y la
promoción, protección y/o garantía de sus derechos de ciudadanía (13).
De este modo, las
necesidades evocadas por los sujetos atraviesan un conjunto de aspectos que
trascienden la problemática de consumo (vivienda, trabajo, educación, seguridad,
entre otros). Priorizar la voz de los sujetos a la hora de diseñar las
intervenciones implica vislumbrar estas necesidades y propiciar acciones para
atenderlas, incluyendo de forma activa a las personas en todo el proceso.
Asimismo, el abordaje integral de la problemática requiere comprender su
inevitable vinculación con el sufrimiento y el dolor, al mismo tiempo que
acompañar el proceso de reconstrucción de la red social de apoyo. Las
oportunidades de circulación por redes institucionales e intersubjetivas
otorgan las herramientas para construir proyectos propios, individuales y
colectivos, que reducen el padecimiento de los sujetos con esta problemática.
La Ley de Salud Mental: un cambio de
paradigma en la atención de los consumos
La Ley Nacional de
Salud Mental 26.657 fue sancionada en noviembre de 2010 y reglamentada en mayo
de 2013. Diversos autores concuerdan con que a través de esta legislación se
ampliaron los derechos de las personas usuarias de drogas. De hecho, esta legislación
regula los derechos de las personas con padecimiento en su salud e incluye los
consumos problemáticos como parte de las intervenciones en esta materia
estableciendo todos los derechos y garantías en su relación con los servicios
de salud. Asimismo, llevó a revisar las intervenciones profesionales para
generar prácticas inclusivas enmarcadas en la perspectiva de derechos humanos.
En consecuencia, hubo un desplazamiento desde el modelo médico hegemónico de la
salud. Por ejemplo, al considerar el modelo de reducción de riesgos y daños
como más idóneo que el abstencionismo y al asumir la complejidad de la
problemática y la singularidad de cada sujeto, cobró importancia la decisión
individual respecto de la modalidad de tratamiento más acorde a las posibilidades
personales. Por lo tanto, este modelo es superador de los tratamientos
idénticos y homogéneos; no busca exclusivamente como resultado la abstinencia,
sino que se establecen objetivos alternativos que contemplan adoptar prácticas
menos dañinas y de autocuidado, acceder a la información y la equidad en la
atención, valorar los vínculos solidarios y participar en los procesos de toma
de decisiones.
Por otro lado, la ley
rompe con la lógica manicomial que ha abonado por años prácticas y respuestas
alienantes para las personas con trastornos mentales, perpetuando el estigma y
la exclusión de estos grupos poblacionales. Prioriza el abordaje centrado en la
comunidad, para lo cual promueve el acceso a diversas redes sociales de apoyo
para las personas con trastornos mentales y la necesidad de que las políticas
públicas destinadas a la población fortalezcan los lazos afectivos en las
propias comunidades de las personas usuarias del sistema.
Asimismo, la Ley
define la problemática de salud mental desde un enfoque complejo, lo que
implica el reconocimiento de su constitución sociohistórica y la convergencia
de distintos actores, capitales, intereses y representaciones en su
constitución. Entender la salud mental desde esta complejidad implica generar
estrategias de abordaje integrales y basadas en la protección de derechos. En
este sentido, se abandona la supremacía de las disciplinas hegemónicas en la
dirección de los tratamientos para dar paso a metodologías de intervención y acompañamiento
basadas en la interdisciplina y la intersectorialidad, en las cuales se
corresponsabiliza a todos los integrantes del equipo de salud sobre las
decisiones terapéuticas, involucrando a otros actores de la comunidad y áreas
del Estado que trascienden el ámbito de la salud. En este sentido, se propone
la participación activa de todas las áreas involucradas en la temática, como
las relacionadas con la vivienda, la educación, la familia, el empleo y el
desarrollo social, a fin de garantizar un abordaje que se oriente al
fortalecimiento, restitución y/o promoción de lazos sociales.
Con muchas
similitudes a los lineamientos de la Ley de Salud Mental, en mayo de 2014 se
promulgó la Ley 26.934, conocida como la Ley IACOP, que crea el Plan de
Abordaje Integral de Consumos Problemáticos. A partir de esta legislación se
promueven ciertos cambios estratégicos en cuanto a la prevención –por ejemplo,
a través de la creación de centros comunitarios de prevención de consumos
problemáticos, con abordaje territorial, abiertos en horarios nocturnos, etc.–,
la asistencia –que entre otros objetivos prioriza los tratamientos
ambulatorios, y promueven la perspectiva de derechos en sus tratamientos– y
programas de integración laboral y educativa para quienes hayan tenido consumos
problemáticos y se encuentren en una situación de vulnerabilidad social.
Sin
embargo, y pese al compromiso de diferentes actores sociales y a lo auspicioso
de estos cambios, la plena implementación de estos enfrenta varios obstáculos.
Entre ellos, las fuertes resistencias ideológicas que asocian la salud mental
al peligro y que naturalizan la internación como recurso inicial, los procesos
de medicalización de los procesos sociales, la poca participación de los
actores y la creencia de que les usuaries de los servicios de salud son
incapaces de tomar decisiones (14); la escasez de otros
dispositivos y recursos humanos que puedan hacer frente a la demanda generada
por una política de base territorial y ambulatoria; la fragmentación de las
instituciones y la escasa articulación interministerial y entre distintas
instituciones –hospitales, centros comunitarios, centros de día, paradores,
escuelas– para dar respuesta a las demandas de los sujetos; como también para
que puedan salvaguardar la vida de los jóvenes cuando las condiciones de vida
barriales los exponen a diferentes peligros, sin necesidad de recurrir al
encierro.
Asimismo,
la impronta de la ley vigente y del paradigma de externación favorece que la
atención terapéutica de las personas usuarias de drogas combine modalidades
ambulatorias y de internación especializadas en adicciones, con la atención en
los hospitales generales, y/o en otros centros de salud. Sin embargo, suele
advertirse cierta resistencia de estas instituciones –no especializadas– a
intervenir con esta población. Esta situación lleva a que cuando una persona
usuaria de drogas debe ser atendida por alguna patología asociada o no a su
consumo (tuberculosis, herida, fractura, etc.) sea derivada de una institución
a otra, muchas veces sin que se atienda la demanda.
Por otro lado,
tampoco se han revisado los lineamientos de las instituciones con cierto grado
de clausura, como las comunidades terapéuticas y los hospitales psiquiátricos;
estas instituciones aún están muy legitimadas en la atención de les usuaries de
drogas. Esta situación también entra en tensión con los cambios propuestos.
Más
allá de estos obstáculos, los cambios en el marco normativo han impulsado la
proliferación de intervenciones desde abordajes más inclusivos e integrales con
anclaje comunitario.
El modelo de abordaje integral
territorial
El modelo de abordaje
integral territorial se instaura entre las últimas décadas del siglo XX y la
actualidad, con experiencias de intervención y abordajes teóricos que buscan relacionar
los aspectos de la salud con dimensiones estructurales y experiencias
subjetivas, y que se contrapone con lo que se definió como el modelo médico
hegemónico descripto (13). Como desarrollamos anteriormente,
el modelo basado en un abordaje comunitario busca profundizar el paradigma
iniciado en las ciencias sociales, la salud colectiva, la medicina social y la
promoción de la salud integrando estas perspectivas pero enfatizando el eje de
trabajo en la dimensión comunitaria4.
El modelo integral
comunitario incorpora el contexto en el que se dan las prácticas de consumo y
apunta, por consiguiente, a prevenir, anticipándose a los efectos que pueden
ocasionar estas condiciones. Por este motivo, su énfasis se ubica,
fundamentalmente, en el enfoque de la prevención inespecífica, enfoque que el
modelo amplía con los desarrollos de la promoción de la salud. Este enfoque
considera la salud como un recurso para la vida, no como el objetivo de la
vida. Se trata de un concepto positivo que acentúa los recursos sociales y
personales, y no sólo las condiciones físicas (13).
A su vez, el abordaje
territorial en materia de prevención y abordaje de los consumos problemáticos
se rige por un conjunto de principios que guían la intervención en el
territorio. Estos principios se adecuan al marco normativo internacional y
nacional en materia de atención de la salud mental en general y de los consumos
problemáticos en particular, como desarrollamos antes. Entre estos principios
están los siguientes: la universalidad de los derechos, integralidad, reducción
de vulnerabilidades, trabajo en red e intersectorialidad, accesibilidad y bajo
umbral, participación social y comunitaria, perspectiva de género y enfoque
intercultural.
Las acciones
impulsadas desde un abordaje territorial contemplan actividades de promoción y
acceso a derechos, como la salud, la educación, la cultura, el deporte y el
trabajo, entre otros, para construir propuestas a las que puedan acceder todos
los ciudadanos en tanto sujetos de derechos a través de un trabajo en red e
intersectorial, que promueva la participación comunitaria con una perspectiva
de género y un enfoque intercultural. Los dispositivos de abordaje territorial,
además, deben garantizar la accesibilidad y ser de bajo umbral, es decir,
exigir menos para brindar el acceso a un servicio. Para esto, resulta
necesario generar espacios comunitarios que no estén estigmatizados y que
ofrezcan diversas propuestas desde la perspectiva de la inclusión social. El
bajo umbral puede estar dado por distintos criterios y es la clave para generar
oportunidades de accesibilidad: la proximidad geográfica, la amplitud horaria,
la documentación necesaria para acceder, el trato brindado por las y los
profesionales y trabajadores, las actividades propuestas, las normas y requisitos
para el ingreso y la participación, las representaciones sociales asociadas al
espacio, etcétera.
Actualmente existen
distintos dispositivos de abordaje territorial de los consumos impulsados tanto
desde la esfera pública como desde organizaciones de la sociedad civil.
La primeras
iniciativas surgieron desde la sociedad civil en la década de 1990
implementando programas asociados al paradigma de reducción de riesgos y daños:
en Rosario, a partir del trabajo de la Asociación de Reducción de Daños de la
Argentina (ARDA), en Buenos Aires, mediante la asociación civil Intercambios
para el Estudio y la Atención de Problemas Relacionados con las Drogas. Luego
se sumaron otras experiencias a partir del impulso de otras organizaciones como
la Fundación Convivir, localizada en la villa 21-24 de la Ciudad de Autónoma de
Buenos Aires (CABA), el centro de día La Otra Base de Encuentro, ubicado en el
barrio del Bajo Flores, y la Federación Familia Grande “Hogar de Cristo”, que
lleva adelante el Equipo de Sacerdotes para las Villas de Emergencia de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA).
En
la esfera pública, las iniciativas fueron impulsadas años más tarde desde la
Sedronar. Estas acciones tomaron lugar desde 2014 tras la sanción de la ley que
creó el Plan IACOP y posibilitó que comience a estructurarse una política
pública del Estado con énfasis en el fortalecimiento de los vínculos comunitarios. Esto se efectivizó mediante la
creación de distintos programas y dispositivos territoriales que, con algunas
variantes, siguen vigentes.
Conclusión
Desde la salud
comunitaria se promueve una mirada y abordaje
de los consumos que invita y sugiere considerar una serie de aspectos, como los
propuestos por Camarotti y Kornblit (13):
- Entender el
consumo de drogas como un proceso multidimensional en el que interjuegan la
sustancia, los procesos individuales del sujeto y la organización social.
- Poner el
énfasis en la prevención y en la promoción de la salud en el ámbito grupal, más
que en el nivel asistencial individual.
- Trabajar
siempre promoviendo la participación de la comunidad en los proyectos e
intervenciones.
- Comenzar
por la disminución de los daños que acompañan el consumo de drogas, en pos de
modificar la relación y/o la postura de los sujetos con estas.
- Identificar
y trabajar para modificar las condiciones que favorecen o facilitan el uso de
drogas, buscando potenciar la seguridad, las relaciones sociales y generando
participación y autonomía en los sujetos.
- Trabajar
intersectorialmente fortaleciendo las redes para generar mayores y mejores
resultados y compartiendo con los distintos sectores las responsabilidades.
- Procurar
comprender las concepciones del mundo de las personas a las que están dirigidos
los programas, dado que la ausencia de mundos compartidos dificulta alcanzar
pertinencia en las intervenciones.
- Favorecer
la capacidad de agencia de los individuos y los grupos, confiando en la
capacidad de las personas vulnerabilizadas de producir formas de cuidado,
protección y seguridad.
La
complejidad de la problemática ligada a históricas vulneraciones de derechos
obliga, entonces, a orientar las prácticas hacia propuestas singulares y
comunitarias que posibiliten el acceso, la restitución y el ejercicio de los
derechos, propiciando para ello, de manera comunitaria, una puesta en cuestión
de los imaginarios colectivos sobre los consumos y las personas usuarias.
Resulta
evidente, entonces, que el abordaje integral excede un campo único de
conocimientos o instituciones específicas y, en virtud de la complejidad de la
problemática, exige un abordaje interdisciplinario e interactoral.
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Notas
al pie
1 Plan
Integral para el Abordaje de los Consumos Problemáticos promulgado en 2014.
2 Para una mayor profundización sobre
la modalidad terapéutica provista en la Argentina en general y en relación con
los tratamientos en comunidades terapéuticas en particular, se recomienda la
lectura de Garbi S. De aislamientos y encierros. Modos legos y expertos de
tratar los consumos problemáticos de drogas. Editorial TeseoPress; 2020.
Disponible en: https://www.teseopress.com/drogas/
3 Este
apartado es una adaptación de un artículo previo coescrito por la autora. Para
mayor detalle ver: Sedronar. Modelo de abordaje integral territorial de los
consumos problemáticos. Una experiencia de política pública; 2019.
4 Para profundizar en este aspecto se sugiere la lectura de:
Sedronar. Modelo de abordaje integral territorial de los consumos
problemáticos. Una experiencia de política pública; 2019.